La Reforma en tiempos de revolución. Notas sobre el ‘68 en América Latina – Por Mariano Millán
Un nuevo centro de gravedad de los procesos políticos
Cuando se habla de revueltas estudiantiles, las imágenes mentales más frecuentes nos trasladan a los años ‘60 y ‘70. Esta representación se corresponde con una oleada de movilizaciones en países tan diversos como Alemania, Argentina, Australia, Checoslovaquia, China, EE. UU., Francia, Japón, Líbano, México, Senegal o Uruguay, entre otros.
Durante la posguerra, las universidades occidentales experimentaron un crecimiento exponencial de sus matrículas, registrando mayores incrementos en América Latina y el sur de Europa. En los primeros lustros de la Guerra Fría, los think tanks de la modernización capitalista sostenían que el desarrollo económico sentaba condiciones favorables para la seguridad nacional. Uno de sus corolarios era la proliferación de los diplomados de la educación superior, el recurso humano de una pretendida simbiosis entre Estado y capital.
Las universidades ganaron un lugar cada vez más relevante en el escenario político y social latinoamericano, fomentando la avidez de las potencias mundiales. Los EE. UU. multiplicaron las becas gubernamentales y de las fundaciones de las multinacionales, como Ford o Rockefeller, y compañías del complejo industrial-militar, como la Rand Corporation, llevaron a cabo numerosas investigaciones sociológicas sobre problemáticas universitarias y estudiantiles. La Iglesia Católica, a su vez, se concentró en morigerar o enfrentar la creciente influencia teórica del marxismo en las ciencias sociales, creando y/o financiando publicaciones que instaron a pensar “desde América Latina” o “desde lo nacional”.
Desde el otro polo geopolítico, la URSS, los Estados de su área de influencia y los partidos comunistas también pugnaron por incrementar su gravitación en la política universitaria latinoamericana, a través de revistas teóricas, centros de estudios, asociaciones y reuniones trasnacionales, como los festivales mundiales de la juventud y los estudiantes. Asimismo, a partir de la consolidación del régimen surgido de la revolución China y tras el XX Congreso del PCUS y la represión soviética contra las revueltas en Budapest, Poznan y Praga, comenzó una crisis en el movimiento comunista internacional. Emergió la disidencia del maoísmo y, en la izquierda radical, incrementaron su protagonismo el trotskismo, el consejismo, el castro-guevarismo y corrientes ajenas a la tradición marxista.
Las reformas universitarias del tercer cuarto del siglo XX
En este contexto, desde mediados de los ‘50 y principios de los ‘60 se proyectaron o realizaron reformas y/o cambios en las estructuras universitarias. La iniciativa del imperialismo se ordenó alrededor del Plan Atcon, llamado así por el célebre documento: “La universidad latinoamericana. Clave para un enfoque conjunto del desarrollo coordinado social, económico y educativo en América Latina”, de Rudolph Atcon. Su propuesta consistía en producir una mayor imbricación entre el mundo de la empresa y la universidad, adoptar el modelo departamental y promover la formación de agrupamientos de estudiantes no politizados, centrados en la profesión, el deporte o las artes.
Los movimientos estudiantiles también reclamaron transformaciones en el terreno académico, generalmente bajo la denominación de Reforma Universitaria, tomando banderas de la Reforma del ‘18 como la autonomía, el cogobierno con participación estudiantil, la educación laica y científica, la libertad de cátedra y la lucha contra el imperialismo norteamericano y en favor de los/as trabajadores/as urbanos/as y rurales.
La novedad del período, en contraste con las ideas de cincuenta años atrás, radica en el énfasis sobre lo presupuestario y el ingreso del pueblo a las aulas, entendido como la ampliación de los sectores sociales que accedían a la educación superior. Estos elementos pueden advertirse en la Declaração de Bahía de 1961 y la Carta do Paraná de 1962 de la União Nacional dos Estudantes (UNE) brasileña, en los reclamos surgidos en la Universidad Técnica del Estado (UTE) chilena o en las posiciones de la FEUU uruguaya, por solo poner ejemplos.
Los ímpetus modernizadores de las burguesías latinoamericanas fueron desiguales y contradictorios. Desde fines de los ‘50 cobró entidad un ala izquierda de la política universitaria que, al calor de la Revolución cubana, pugnaba por radicalizar la modernización universitaria: acelerar sus ritmos, enfrentar al imperialismo y producir conocimiento al servicio del pueblo y sus luchas.
Como contrapartida, hacia mediados de los ‘60 se instauraron dictaduras militares en Argentina, Brasil y Perú y, en Colombia, México o Uruguay, los regímenes formalmente democráticos adquirieron características autoritarias. Con una marcada preocupación por las fronteras ideológicas, más allá de sus diferencias, estos gobiernos consideraron que la universidad había sido “infiltrada” por agentes externos y hostiles a la comunidad nacional. La autonomía universitaria fue atacada en México y Uruguay y suprimida en Argentina y Brasil. Donde no existía, como en Colombia o Perú, se implementaron reformas universitarias “desde arriba”, centradas en los aspectos modernizadores, como respuestas al histórico ascenso estudiantil.
Río de Janeiro, Montevideo y México
Las revueltas estudiantiles de 1968 en América Latina tuvieron como epicentro Río de Janeiro, Montevideo y México. En Brasil, desde 1964 se había instaurado una dictadura militar que anuló las reformas de la era precedente, como la autonomía y el cogobierno de la novel Universidad de Brasilia. Se desplegaron tropas en los campus repetidamente, se clausuraron comedores universitarios y los locales de la UNE, que desde hacía años clamaba por una Reforma Universitaria, fueron clausurados u ocupados militarmente.
En la resistencia estudiantil contra la represión y los acuerdos MEC USAID, variante brasileña del plan Atcon, se produjo una promoción de las corrientes marxistas en la UNE en detrimento de los católicos de Acción Popular. En la izquierda se produjo un declive del Partido Comunista Brasileño (PCB) en favor de agrupaciones más radicales, como los disidentes de dirección estadual de Guanabara (DIGB), los maoístas del PC do B y Política Operaria (Polop).
A comienzos de 1968 la dictadura clausuró el comedor Calabouço en Río de Janeiro, motivando numerosas manifestaciones y enfrentamientos violentos. El primer choque letal ocurrió el 28 de marzo, cuando fue asesinado Edson Luis de Lima Souto. Los estudiantes ocuparon la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro y velaron al difunto. Sería el primero de una larga lista de estudiantes muertos por la dictadura brasileña durante el otoño, motivando una respuesta juvenil y popular de gran envergadura, cuyo vértice superior fue la Paseata dos Cem Mil, el 26 de junio de 1968.
El movimiento se extendió a otras ciudades, como Brasilia, Minas Gerais, San Salvador de Bahía y San Pablo. La dictadura respondió incrementando sus rasgos represivos mediante el Acto Institucional no 5 y comenzando en 1969 una reforma universitaria caracterizada por la modernización autoritaria.
Para 1968, en la Universidad de la República (UDELAR) existía una extensa tradición reformista que se remontaba al cogobierno de 1908. La vida política universitaria, decimonónicamente autónoma, fue asumiendo el contorno de los debates de la izquierda uruguaya, que tenía en la UDELAR uno de sus bastiones. Mientras en las facultades se confrontaban posiciones sobre una Reforma de avanzada, sobre todo a partir del Plan Maggiolo de 1967, en el país el sistema político experimentaba un giro autoritario y represivo bajo las presidencias de Jorge Pacheco Areco y José María Bordaberry, ambos del Partido Colorado.
Las protestas estudiantiles de 1968 en Montevideo comenzaron en mayo, cuando los alumnos de los liceos realizaron sentadas, cortes de calles y ocupaciones de edificios en rechazo del aumento del boleto de ómnibus. Semanas después el gobierno dictó el estado de excepción con las Medidas Prontas de Seguridad. No obstante, el movimiento estudiantil, junto a numerosos contingentes obreros, continuó movilizado, sufriendo la baja mortal del alumno comunista Líber Arce el 14 de agosto, el primero de los tres mártires universitarios del ‘68 uruguayo. La universidad se convirtió en un blanco predilecto de la represión policial y paramilitar durante los años posteriores.
Durante estas luchas se multiplicaron los militantes de izquierda, quienes a través del uso de la violencia material y la extensión de las instancias de decisión de base mostraron signos de una nueva radicalización. El Partido Comunista y el MLN Tupamaros incorporaron nuevos integrantes, y se constituyeron el Frente Estudiantil Revolucionario (FER); el colectivo Resistencia Obrero Estudiantil (ROE), en un intento de continuidad de la proscripta Federación Anarquista Uruguaya (FAU) y los Grupos de Acción Unificadora (GAU), formados por católicos de izquierda.
Durante 1968 la capital mexicana era escenario de disturbios menores, producto de enfrentamientos entre estudiantes secundarios. El 26 de julio confluyeron manifestantes que homenajeaban la Revolución cubana con alumnos que protestaban por los abusos policiales. Días después, tropas de infantería del ejército y paracaidistas tomaron por la fuerza el barrio del Colegio San Ildelfonso y derribaron la antiquísima puerta de la institución, ingresando al edificio, tomando más de 1000 prisioneros y lesionando 400 alumnos. El gobierno del PRI, al frente de un régimen de partido único, aducía enfrentar un complot contra los juegos olímpicos de ese año en México, donde los estudiantes estarían siendo instrumentados por el Partido Comunista.
Entre los alumnos, docentes y autoridades de la UNAM se produjo una inmediata indignación y movilización. La agitación creció en numerosas instituciones educativas del país y se formó el Consejo Nacional de Huelga (CNH), que difundió el siguiente pliego:
1) Libertad a los presos políticos;
2) Destitución del jefe de la policía capitalina Luis Cueto Ramírez;
3) Desaparición del cuerpo de granaderos, corporación utilizada permanentemente para intimidar reprimir las protestas sociales;
4) Derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal, que restringían las libertades democráticas;
5) Indemnización a las familias de los muertos y heridos;
6) Aclaración de las responsabilidades de las autoridades, la policía, los granaderos y el ejército en los actos de represión y vandalismo.
Los enfrentamientos se prolongaron durante agosto y septiembre, registrándose manifestaciones masivas, un acampe estudiantil multitudinario en el Zócalo del D.F. y la ocupación militar de la UNAM. El día 2 de octubre el gobierno llevó adelante una violenta represión contra un mitin estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas, cuyo número de muertes aún es objeto de controversia.
La Masacre de Tlatelolco y los masivos y prolongados encarcelamientos cerraron coyunturalmente un ciclo de movilizaciones y radicalización de las bases estudiantiles inéditas en México. El gobierno pudo celebrar los juegos olímpicos “en paz”. Sin embargo, durante los años subsiguientes retornaron las manifestaciones, se formularon proyectos de transformación universitaria de hondo calado, se fundaron o fortalecieron organizaciones trotskistas, consejistas, maoístas y castro-guevaristas, así como durante el rectorado de Pablo González Casanova (1970-1972) se conquistó la expansión de la UNAM.
El mayo andino y las reformas inconclusas en Colombia y Chile
En años posteriores tuvieron lugar procesos de movilización en otros países de la región. En Perú el autodenominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (GRFA), encabezado por Juan Velazco Alvarado, a comienzos de 1969 impuso una multa a los alumnos que no aprobaran todas las materias del año anterior. Se produjeron movilizaciones de repudio en numerosas ciudades. Durante mayo y junio, en Ayacucho y Huanta, tuvo lugar un levantamiento estudiantil y popular, “el mayo andino”, de notoria participación campesina, que fue reprimido a sangre y fuego.
El movimiento estudiantil peruano, dirigido por corrientes maoístas (Bandera Roja y Patria Roja), respondió a la ofensiva del gobierno radicalizando sus posiciones y renombrando los FER (Frente Estudiantil Revolucionario, entidad que hacía las veces de federación) como anti-fascistas, evidenciando que caracterizaban al GRFA como fascista. Luego, desde el poder ejecutivo se ensayó una reforma universitaria que dividió aguas entre los militantes. No obstante, en el epicentro del conflicto, en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, emergió una ruptura de Bandera Roja que, reivindicándose seguidora del reformista José Carlos Mariátegui, años después ocupó el centro del escenario político nacional: el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso.
En contraste con ese violento derrotero, en el vecino Chile de los ‘60 y ‘70 se produjo una reforma universitaria que, aún con movilizaciones, transitó fundamentalmente los caminos institucionales. Los/as estudiantes de los partidos de la Unidad Popular, del MIR y algunas fracciones juveniles de la Democracia Cristiana motorizaron una democratización de los órganos de gobierno, la ampliación del ingreso universitario, el financiamiento de la investigación científica, la potenciación de las actividades de extensión y el debate por una reorganización de las currículas en función de los intereses populares. Uno de los casos en el cual este proceso tomó mayor impulso fue en la UTE, donde bajo el rectorado del ingeniero comunista Enrique Kirgberg numerosos grupos de alumnos/as realizaron trabajos voluntarios y asesoramiento técnico en las empresas nacionalizadas por el gobierno de Salvador Allende o tomadas por sus trabajadores/as.
El final de aquella transformación se produjo con el golpe de Estado de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, cuando la Fuerza Aérea de Chile bombardeó La Moneda y el Ejército destruyó la fachada de la sede metropolitana de la UTE, actualmente sede de la Universidad de Santiago de Chile.
Por aquel entonces, los/as alumnos/as colombianos/as llevaban varios años de lucha por el cogobierno, la expulsión de la Iglesia Católica y el empresariado de los consejos superiores, en rechazo al Plan Básico (variante del Plan Atcon), y la vigencia de las libertades de asociación y reunión.
En 1971 las protestas comenzaron en enero en la Universidad del Valle. En pocas semanas se extendieron a otras casas de estudios y se realizó un Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios, puesto que no existía una entidad estudiantil de alcance nacional. Un mes después la mayoría de las universidades se encontraban en huelga. Allí también, bajo la acusación de “subversión”, se reprimieron las movilizaciones, con el saldo de varias muertes, y las facultades fueron ocupadas por el Ejército.
A fines de marzo y principios de abril el Ministerio de Educación del Frente Nacional, una alternancia pactada de liberales y conservadores, reconoció la necesidad de una reforma universitaria. Sin mediar debate con los alumnos, cuyos dirigentes estaban encarcelados, se implementó una nueva composición de los consejos superiores: se eliminaban los representantes del empresariado y la Iglesia y los integraban dos profesores, el ministro de Educación, el gobernador o alcalde, un egresado, cuatro decanos y dos estudiantes. Los grupos moderados consideraron esto como una victoria. Otros, como la JUCO (Juventud Comunista), los trotskistas de la Tendencia Socialista, los camilistas o los maoístas del MOIR-JUPA (Movimiento Obrero Independiente Revolucionario Juventud Patriótica) entendían que frente a la continuidad de la represión, esto significaba un cierre del movimiento de lucha. De esa manera la continuidad de las movilizaciones propició el retiro de los militares de los campus y la modificación del Consejo Superior en Antioquia y la Universidad Nacional. Allí el cogobierno aumentó el presupuesto, se suspendieron convenios con empresas multinacionales, y reintegraron docentes y alumnos detenidos. Pero la victoria fue pasajera: en mayo de 1972 fue reemplazado el ministro de Educación Luis Galán y se anuló el cogobierno.
La Reforma en tiempos de revolución
Como se ha visto, a fines de los ‘60 y principios de los ‘70, en el contexto de la Guerra Fría y la creciente gravitación política y social de la universidad en América Latina, existieron importantes disputas por la reorientación de la actividad de las casas de altos estudio. La lucha entre Reforma o modernización, entendiendo a la primera como heredera de cierto ideario acuñado en la Reforma del ’18 y a la segunda como la iniciativa del imperialismo para encuadrar a las universidades, agrupó ingentes fuerzas sociales en ambos polos. De este modo, y frente a respuestas toscamente represivas, se dinamizó un proceso de radicalización estudiantil del cual surgieron o se fortalecieron numerosas corrientes marxistas, que abrevaron en distintas estrategias. La destrucción de estas organizaciones y de estos procesos de Reforma fue obra de las contrarrevoluciones de los ‘70.
* Mariano Millán es sociólogo, Investigador de Conicet y docente UBA *
